La ministra Lenia Batres se ha consolidado como una figura divisiva en la Suprema Corte. Lejos de actuar como un contrapeso independiente, su reciente desempeño ha dejado ver una línea marcada por la protección de las finanzas del Estado y la cercanía con los intereses del gobierno.
Un conflicto de interés evidente
La reciente decisión de la SCJN que exime al ISSSTE de pagar una deuda multimillonaria ha dejado un sabor amargo en la opinión pública. Al presentar un proyecto que favorece directamente la gestión de su hermano, Martí Batres, la ministra ignoró las normas éticas básicas de excusación judicial. Este episodio ha disparado las alertas sobre una falta de imparcialidad que compromete la integridad del máximo tribunal.
Salud vs. Presupuesto: La realidad del IMSS
El impacto de sus decisiones también ha llegado a la atención médica de los ciudadanos. Al votar en contra de garantizar dispositivos médicos gratuitos para menores con discapacidad, Batres puso de manifiesto que su prioridad es la austeridad presupuestal y no el acceso universal a la salud. Su lógica de «caso por caso» ha sido vista como un retroceso que desprotege a quienes más necesitan el respaldo de las instituciones del Estado.
El costo de la alineación política
Estas posturas no son aisladas; forman parte de una tendencia que busca subordinar las decisiones judiciales a las agendas del gobierno central. Para los críticos, este es el rostro de una Corte que se ha alejado de su función protectora de los derechos humanos para convertirse en un aliado operativo del aparato político. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién está realmente protegiendo la ministra desde su silla en la Corte?
