La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde Palacio Nacional en su conferencia matutina de este lunes 18 de mayo que no existe ningún riesgo político para su gobierno ante las declaraciones que puedan surgir en Estados Unidos sobre exfuncionarios de Sinaloa, al mismo tiempo en que la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias del gobernador Rocha Moya y 9 funcionarios más.
La coincidencia de ambos eventos en la misma jornada generó expectativa sobre la postura del gobierno federal frente a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que incluiría órdenes de captura con fines de extradición contra los funcionarios mexicanos.
Sheinbaum mantiene postura de descargo
Durante su mañanera, la presidenta fue contundente al rechazar las acusaciones de que exista un «narcogobierno» o «narcopartido» en México. «Fue decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo», dijo Sheinbaum al ser preguntada sobre dos exfuncionarios de Sinaloa que se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses el viernes pasado.
La mandataria calificó a quienes hacen este tipo de afirmaciones como «plumas del viejo régimen» y partidos de derecha, y dijo estar «tranquila y fuerte» ante las acusaciones que, según ella, no han sido probadas.
Los exfuncionarios involucrados en las entregas son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado. Ambos pertenecen al partido Morena, el mismo de la presidenta.
UIF confirma bloqueo preventivo
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió este lunes un comunicado oficial confirmando el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de 9 funcionarios más de su administración.
La UIF explicó que el bloqueo es estrictamente preventivo para proteger la integridad del sistema financiero nacional. El acuerdo 156/2026, emitido el 6 de mayo de 2026, añade a los 10 funcionarios a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tras reportes de cumplimiento de las instituciones financieras, que identificaron a los funcionarios como personas políticamente expuestas.
Contexto de las acusaciones estadounidenses
El 30 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a 9 funcionarios más de presuntos vínculos con el cártel de «Los Chapitos». Según la acusación, los funcionarios habrían recibido sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico desde el norte de México hacia territorio estadounidense.
La acusación estadounidense incluye órdenes de captura con fines de extradición. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha pedido a Estados Unidos que presente pruebas concretas de los señalamientos, manteniendo la postura de que las acusaciones sin evidencia son inaceptables.
Impacto de la medida financiera
El bloqueo de cuentas representa un precedente importante en la relación México-Estados Unidos, ya que es la primera vez que la UIF bloquea activos de funcionarios federales y estatales acusados por el Departamento de Justicia estadounidense sin una orden judicial mexicana previa.
La medida afecta no solo a los funcionarios principales, sino que según reportes también alcanzó cuentas de familiares cercanos, incluyendo a uno de los hijos del gobernador Rocha Moya. Las instituciones financieras tienen 10 días hábiles para cancelar cualquier operación con los señalados.
Doble postura del gobierno federal
La coincidencia de ambas noticias genera interrogantes sobre la estrategia del gobierno federal. Mientras Sheinbaum descata públicamente cualquier riesgo político y mantiene su postura de desconfianza hacia las acusaciones estadounidenses, la UIF ha actuado de manera preventiva para proteger el sistema financiero nacional, siguiendo las alertas de cumplimiento de los bancos.
La secretaria de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, confirmó que la UIF actúa conforme a la ley mexicana y las alertas de las instituciones financieras, subrayando que la medida es preventiva y no constituye una declaración de culpabilidad.
Rocha Moya sigue siendo gobernador de Sinaloa y mantiene su inocencia ante las acusaciones. El gobierno federal ha reiterado que cualquier colaborador con el crimen organizado debe ser procesado por la justicia, independientemente de su partido político, pero que las acusaciones deben estar respaldadas por evidencia concreta.
