La presidenta subraya que no se permitirá injerencia extranjera en asuntos políticos de México mientras la FGR evalúa documentos presentados por Washington
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha establecido un criterio claro respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya: toda evidencia debe sustentarse en la legislación mexicana. La mandataria fue enfática al señalar que el gobierno estadounidense aún no ha presentado pruebas contundentes e irrefutables que cumplan con los requisitos del sistema penal acusatorio mexicano para justificar una orden de aprehensión.
Principio de soberanía ante el centro
La presidenta vinculó directamente la exigencia de pruebas jurídicas con la protección de la soberanía nacional. Durante una conferencia matutina, Sheinbaum declaró que bajo ninguna circunstancia se permitirá la injerencia de un gobierno extranjero en la vida política de México. Su postura se fundamenta en tres ejes: verdad, justicia y defensa de la soberanía, principios que según ella guían la actuación del gobierno federal frente al caso.
Sheinbaum aclaró que si la Fiscalía General de la República recibe elementos contundentes o encuentra componentes constitutivos de delito, la FGR deberá proceder conforme a derecho. Sin embargo, advirtió que en ausencia de pruebas claras, el objetivo del Departamento de Justicia tiene motivaciones políticas.
Ausencia de evidencia fehaciente
La mandataria afirmó de manera categórica que no existen pruebas contra Rocha Moya. Explicó que para solicitar una orden de aprehensión, la FGR requiere datos de prueba que sugieran la posibilidad de que una persona ha cometido un delito. «Se les olvida la más importante, pedir pruebas», comentó Sheinbaum al referirse a las críticas hacia su postura defensiva.
Para desmarcar su posición de cualquier interés partidista, Sheinbaum señaló que si se tratara de un gobernador de otro partido, el gobierno federal adoptaría la misma postura. Esta aclaración busca demostrar que la defensa de Rocha responde a principios jurídicos y no a lealtades políticas de Morena.
Origen y desarrollo del caso
El episodio comenzó el 28 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusaban a Rubén Rocha Moya de vínculos con el Cártel del Pacífico. Los documentos fueron enviados a la FGR para evaluación conforme a la legislación mexicana.
El embajador de Estados Unidos en México advirtió que investigaría la corrupción de funcionarios sinaloenses vinculados al cártel. No obstante, Sheinbaum insistió en que cualquier proceso legal debe seguir el marco jurídico mexicano sin ceder ante presiones de gobiernos extranjeros.
Rubén Rocha Moya ocupa el cargo de gobernador con licencia de Sinaloa y es candidato de Morena a la gubernatura estatal. Su elección fue validada conforme a la ley mexicana, según recordó Sheinbaum en sus declaraciones públicas.
La FGR continúa evaluando los documentos presentados por Estados Unidos para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una orden de aprehensión bajo la legislación mexicana. El caso mantiene la atención pública mientras se resuelve la cuestión jurídica y diplomática.
